Mediante el análisis de imágenes satelitales y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, se lograron identificar 3.718 sitios con actividad minera, predominantemente ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas. Estas regiones, que juntas abarcan casi la mitad del territorio venezolano, presentan extensas áreas deforestadas que equivalen a cerca de 40.000 campos de fútbol. En las cercanías de estas zonas, se hallaron hasta 42 pistas clandestinas que facilitan las operaciones del crimen organizado transfronterizo, sirviendo para transportar cargamentos de oro y drogas.
En un rincón remoto de la Amazonía venezolana, donde el denso follaje parece inquebrantable, se esconde un complejo sistema de operación minera ilegal que ha encontrado una nueva forma de expansión: el uso de bases aéreas clandestinas. Este fenómeno, revelado en la investigación, evidencia cómo la minería ilegal no solo devasta los ecosistemas, sino que también despliega sofisticadas redes logísticas en su avance.
Aeródromos clandestinos: pistas para el crimen organizado
Según el reportaje titulado “La minería ilegal montó sus bases aéreas en la selva”, estos aeródromos han sido clave para movilizar insumos, equipos y, lo más alarmante, toneladas de oro extraído ilegalmente. Las pistas, camufladas en plena selva, permiten vuelos regulares de pequeñas aeronaves que conectan estos enclaves ilegales con mercados nacionales e internacionales.
Las autoridades han identificado decenas de estas pistas en áreas protegidas y territorios indígenas, lo que refleja no solo la violación de leyes ambientales y de soberanía, sino también la participación de actores locales y externos que facilitan la operación.
Un impacto devastador en el medio ambiente y las comunidades
La minería ilegal ha transformado vastas extensiones de selva en paisajes desolados. Los químicos utilizados en el proceso, como el mercurio, contaminan los ríos y afectan a la fauna, flora y a las comunidades indígenas que dependen de estos recursos para sobrevivir.
A esto se suma la militarización de las zonas, con grupos armados que controlan el acceso a los campamentos mineros y aseguran el flujo de recursos hacia los aeródromos. En muchos casos, estas operaciones son realizadas bajo la complicidad de funcionarios corruptos que hacen la vista gorda ante los crímenes.
¿Cómo detener este problema?
La investigación resalta la urgencia de tomar medidas concretas. Entre las soluciones planteadas está el fortalecimiento de la vigilancia aérea, la implementación de sanciones efectivas para los responsables y la protección de las comunidades indígenas que han sido desplazadas o amenazadas por estas actividades.
Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para controlar el comercio de oro ilegal, que alimenta mercados en todo el mundo. La responsabilidad de frenar este problema no recae únicamente en Venezuela, sino en los países que compran y comercializan el mineral extraído de manera ilícita.
Un desafío para la región
El caso de las bases aéreas para la minería ilegal en la selva venezolana es solo una pieza del rompecabezas de la crisis ambiental y social que vive la región amazónica. Sin acciones contundentes, estas operaciones continuarán expandiéndose, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del planeta.